La digitalización alimentaria traslada el control de la producción de los agricultores a las grandes tecnológicas
En la actualidad, el avance de las tecnologías está transformando por completo la producción, la distribución y el consumo de los alimentos. La inteligencia artificial, el uso de sensores o el análisis masivo de datos buscan lograr y prometen una agricultura más eficiente y sostenible. Pero estos avances también plantean interrogantes sobre quién controla realmente el sistema alimentario.
En este contexto, cobra fuerza el debate sobre hasta qué punto la digitalización está transformando las relaciones de poder. ¿Están estas tecnologías trasladando el control de la producción de los agricultores a las grandes empresas tecnológicas? ¿Se trata de un mito o de una realidad?
Para saber hasta qué punto se produce este desplazamiento, hemos hablado con Raquel Ajates, investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IESA-CSIC) y miembro de la Comunidad SABE, que actualmente investiga el impacto de las nuevas tecnologías en los sistemas alimentarios y en la transición agroecológica.
“La digitalización del sistema como tal no produce automáticamente una pérdida total de control, sin embargo, sí introduce cambios importantes”, nos dice Raquel.
Y es que, pese a los potenciales – y en muchos casos, aún por demostrar – múltiples beneficios de las herramientas de digitalización, como la mejora de la eficiencia, las métricas de sostenibilidad o el cumplimiento normativo, en muchas ocasiones resulta difícil comprender cómo toman decisiones estos dispositivos para llegar a las recomendaciones que acaban dando a la persona que toma decisiones en finca.
Este desconocimiento desplaza parte del poder de decisión a modelos algorítmicos que, lejos de responder a los intereses reales de las comunidades rurales, están diseñados conforme a los intereses de las grandes corporaciones. Como resultado, se acaba produciendo un distanciamiento entre la concentración del control y el poder y las comunidades rurales.
Es decir, se reduce la autonomía de los agricultores y, al mismo tiempo, se genera una dependencia de los grandes proveedores tecnológicos.
Esto se suma a las desigualdades ya existentes dentro de las propias comunidades rurales, como la brecha digital y la brecha de género, que ya de por sí generan desequilibrios de poder entre los propios agricultores y agricultoras.
Además, como señala la investigadora, la apuesta por la digitalización como solución prioritaria hace que otros problemas que afectan gravemente a los agricultores y su labor, como los precios que reciben, la despoblación rural o la emergencia climática, queden relegados a un segundo plano. Como consecuencia, las soluciones tecnológicas que se proponen terminan adaptándose a las estructuras de poder económico dominantes, dejando de lado otras necesidades de las comunidades rurales.
Esto pone de relieve que, aunque no se trata necesariamente de un traspaso absoluto del control, la digitalización sí está transformando las relaciones de poder dentro del sistema alimentario. El reto pasa ahora por garantizar que estas tecnologías refuercen la autonomía de las comunidades rurales y respondan a sus necesidades, en lugar de generar nuevas dependencias.
